El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado esta noche que rompe sus acuerdos regionales con el PP, entre ellos el de la C. Valenciana. “Los vicepresidentes dimitirán y Vox pasará a la oposición”, ha anunciado. Abascal ha ubicado esta ruptura en la responsabilidad de Feijóo y sus pactos con el Gobierno de Sánchez, un gobierno corrupto, ha dicho. “No tenemos ningún apego a los sillones sino a nuestros principios”.
Esta decisión impacta directamente sobre la gobernabilidad de la Generalitat, y obliga a un reinicio de la legislatura de Carlos Mazón. Justo un año después de su investidura, Mazón se ve obligado a afrontar su primera crisis de gobierno, forzada por la dimisión de los consellers de Vox. Eso ha durado el primer gobierno de PP y Vox, menos de un año, 360 días.
Tras una reunión más larga de lo esperado, Santiago Abascal consuma de esta manera su amenaza al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y, con el pretexto del reparto de menores inmigrantes de Canarias (apenas 347 en un país de 47 millones de personas), ordena la salida de su partido de los cinco gobiernos de coalición con el PP: el valenciano y también los de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Murcia. El Consell, por tanto, ha sido sacrificado en el altar de la fragmentación política nacional.
Obligada remodelación
La primera consecuencia es que a Carlos Mazón se le abre un agujero en su gobierno. El que dejan Vicente Barrera, vicepresidente primero y conseller de Cultura; la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez; y el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, que presentarán su dimisión en las próximas horas, porque, como han reiterado, obedecerán al líder voxista.
La cuestión, ahora, es cómo se aborda esta crisis. La única certeza es que el adelanto electoral está descartado. Mazón gobernará en minoría el resto de legislatura, sea cual sea su duración, pero sin convocar a las urnas fruto de esta crisis. La profundidad de la remodelación también es una incógnita. La lógica diría que posiblemente disminuya el número de conselleries, en línea con la política de reducción de estructura político-administrativa mantenida hasta ahora, lo que reduciría el número de nuevas incorporaciones.
Incomprensión en los socios
La sensación en las últimas horas tanto en el Consell como en los grupos parlamentarios de PP y Vox era de absoluta incomprensión, de crisis gratuita. No ha sido una fractura al uso, de las que van precedidas de capítulos de reproches, desautorizaciones y deslealtades. Esta ha sido una ruptura impuesta, teledirigida desde Madrid, dentro de la estrategia nacional de un partido, el de Santiago Abascal, que ha decidido abandonar la institucionalidad para recuperar su pedigrí como fuerza antisistema-dentro-del-sistema y crítica ante un PP contemporizador con Pedro Sánchez. Ese ha sido el relato de una crisis institucional en la que también operan otros factores fuera de campo, como la emergencia de la formación ultra de Alvise Pérez, que estaba reduciendo el campo de juego -y el electoral, como se vio en las pasadas europeas-; o la búsqueda de mayor protagonismo en la nueva escena europea, tras la reordenación de las alianzas entre los partidos ultras y con Vox cambiando de familia política.
La complicidad intacta entre PP y Vox
Todos esos factores externos alimentan una decisión que los dirigentes de Vox en la C. Valenciana han dejado claro que solo acatan por disciplina. Los afectos siguen intactos. Ayer mismo, la sesión de control al Consell volvió a evidenciar la complicidad entre los socios, además de aprobar la iniciativa conjunta más polémica de este año escaso de coalición: la ley de Concordia, que deroga la de Memoria Democrática del Botànic. Vista la intensidad de los abrazos, especialmente entre Carlos Mazón y su vicepresidente Vicente Barrera, ese puente sigue perfectamente transitable.
