Poco a poco, la acción legislativa del Gobierno va cogiendo ritmo. Casi un año después de las elecciones, el Gobierno de coalición empieza a dar salida a varios de sus proyectos de ley, una tarea para la que necesita, casi siempre, del bloque de la investidura. Este jueves, esa mayoría se unirá para dar el visto bueno a la ley de Derecho de Defensa que, entre otras cosas, garantiza el uso de las lenguas cooficiales –catalán, euskera y galego– ante los órganos con jurisdicción en todo el Estado.
En un nuevo acuerdo con sus socios, el Ejecutivo de PSOE y Sumar ha pactado con ERC, Junts y BNG introducir esta garantía en la ley, aunque la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo permiten de manera habitual el uso de cualquiera de estas lenguas con traducción continua. Sin embargo, las tres formaciones han querido dejar por escrito este derecho, algo que ha llevado al PP a abstenerse en la votación en comisión, pese a que ha pactado numerosas enmiendas con los socialistas.
En concreto, la ley de Derecho de Defensa, en su artículo 10, garantizará que cualquier persona pueda usar “cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, así como a recibir en cualquiera de esas lenguas las comunicaciones producidas” en cualquier proceso ante los órganos con jurisdicción en todo el Estado. Estos son la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los Juzgados Centrales de Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo y de Vigilancia Penitenciaria, así como el Juzgado Central de Menores.
Además, se ha incluido otro apartado en el que se indica que “si el uso de una lengua determinada, especialmente la materna o una de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas, contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de defensa, el juzgado o el tribunal pondrá a disposición de los intervinientes que lo requieran los mecanismos pertinentes de interpretación y/o traducción“. Lo que abriría la puerta al uso de las lenguas cooficiales en otras comunidades.
Accesibilidad y derechos
El proyecto de ley de Derecho de Defensa, impulsado por el Ejecutivo, pretende blindar el libre acceso a la Justicia, así como el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y asegurar la accesibilidad universal. En este sentido, el texto legislativo incluye la obligación de la administración pública de ofrecer todos los recursos necesarios para asegurarse que cualquier persona pueda hacer uso de su derecho a la defensa con independencia de sus circunstancias. Así, pone especial atención en las personas con discapacidad y las personas mayores.
La norma también incluye el derecho de los abogados a disfrutar de los permisos de paternidad y maternidad. En este sentido, los profesionales de la abogacía podrán solicitar la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento de actuaciones procesales. También se podrá aplicar en casos de hospitalización del abogado o de baja médica.
