Apenas medio mes después de que la sección cuarta de la Audiencia de València reabriera la causa contra Mónica Oltra y quince investigados más al esgrimir que “no puede descartarse claramente la existencia de infracción penal” y apreciar “indicios suficientes para encausar a los investigados”, la acusación particular ejercida por la propia menor, víctima de los abusos sexuales por los que fue condenado a cinco años de prisión el educador, exmarido de la en ese momento vicepresidenta del Consell, ya ha presentado su escrito de acusación. En él solicita penas de tres años y medio de cárcel para Oltra y doce años de inhabilitación.
El Juzgado de Instrucción número 15 de València, tras recordar que «no se ha encontrado, ni a nivel de indicios, una orden, instrucción, consigna o indicación para ocultar los abusos», dio un plazo de diez días para que las acusaciones presentaran su escrito o la práctica de diligencias complementarias. Así, la acusación de la menor (tenía 14 años cuando sufrió los abusos) pide concretamente tres años y medio de cárcel para la exvicepresidenta del Consell por los delitos de malversación y contra la integridad moral y doce años de inhabilitación para cualquier cargo público por el presunto delito de prevaricación. Así como una orden de alejamiento de la víctima de los abusos durante un plazo de cinco años.
Misma pena solicita para la directora Territorial de Valencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirigía Oltra cuando tuvieron lugar los abusos denunciados. Así como para la directora y la subdirectora General de Infancia y Adolescencia, y para la funcionaria instructora de la Información Reservada de 2017, realizada para “determinar la certeza de las declaraciones formuladas por la adolescente y conocer las circunstancias concretas en que se pudieran haber producido los hechos”, cuando ya estaba la causa de los abusos judicializada.
De igual modo, para la Jefa de Servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad la acusación solicita penas que ascienden a los seis años y medio de cárcel al contemplar también un delito de abandono de menores. Y una condena de cinco años de prisión para la directora del Centro de acogida Niño Jesús, donde se produjeron los abusos durante 2016 y principios de 2017 por los que fue condenado el educador a cinco años de prisión. Misma pena pide para la psicóloga de la Sección del Menor de la Conselleria y para el jefe de Sección de Menor de la misma.
Reclaman 120.000 euros por daños morales
En su escrito la acusación remarca que los acusados estaban “más preocupados por mantener la discreción sobre la identidad del abusador que por proteger a la niña tutelada”. Así ni lo denunciaron al GRUME, ni comunicaron los hechos – de los que tuvieron conocimiento en febrero de 2017 – al Ministerio Fiscal, “ni se preocuparon de la protección de la menor, a la que se le colocó en una situación de riesgo”, ya que el educador fue reincorporado a su puesto de trabajo el 12 de marzo de 2017.
También detalla todo un “cúmulo de despropósitos que suponen un trato vejatorio, humillante y lesivo para la dignidad e integridad moral de mi representada”. Entre ellos ser interrogada como una delincuente y ser conducida al juicio en el que tenía que declarar como víctima esposada. Además no se le facilitó el tratamiento psicológico recomendado ni asistencia jurídica, que al ser una menor tutelada le habría correspondido a la Abogacía de la Generalitat.
En concepto de responsabilidad civil solicita que los diez acusados contra los que dirige su escrito indemnicen conjunta y solidariamente a la entonces menor con 120.000 euros por los daños morales.
