Han sido tantos intentos fallidos que cuesta ver la posibilidad real de que vaya a haber acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero en la dirección nacional del PP llevan días reconociendo que el “vaso sí que está medio lleno”. Que veían posible avanzar ahora que ha terminado el ciclo electoral con las europeas del 9 de junio. La idea era retomar la negociación donde se quedó a finales de marzo, tras el último encuentro entre las dos partes -Félix Bolaños y Esteban González Pons- y el comisario de Justicia, Didier Reynders. Por eso al PP le desconcertó tanto el “ultimátum” anunciado hace días por el presidente del Gobierno. No estaba en el guion y nunca se había hablado de un plazo tan concreto.
El propio Alberto Núñez Feijóo aseguró este lunes en Bruselas, tras reunirse con el resto de líderes del PP europeo, que no siente que ese ultimátum “le vincule”. Pero el dirigente gallego mantiene la puerta abierta a negociar -lo previsible es un nuevo encuentro en los próximos días- si el Gobierno se abre a profundizar en el camino de la despolitización. Esta es la posición que en realidad lleva defendiendo tiempo, pero el camino no está exento de piedras. Al contrario. En la cúpula conservadora reconocen “dificultades” internas para explicar un pacto de esta naturaleza en materia de justicia.
Precisamente ahora que la ley de amnistía se tiene que aplicar, con todas las dudas que suscita en el Tribunal Supremo, el nuevo incendio en la Fiscalía General a cuenta de la orden enviada a los fiscales del procés, y con la investigación sobre la mujer de Pedro Sánchez abierta. La misma que el PP también está utilizando para hacer una fuerte oposición al Ejecutivo. Y a eso, insisten fuentes de la dirección nacional, se suma que el presidente ya habla abiertamente de que existe ‘lawfare’ en España.
De ahí que en la cúpula asuman que el momento es muy complicado y que el acuerdo tiene difícil explicación a no ser que la balanza se incline hacia la propuesta del PP: que los vocales del Consejo a futuro sean elegidos por los propios magistrados, y los partidos políticos tengan el menor peso posible.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, lo expresaba este lunes con total claridad: “Hasta que no consigamos que sean los jueces los que elijan a los jueces, con un presidente de Gobierno que no esconde sus deseos de someter la judicatura a sus designios partidistas, es imposible y extremadamente peligroso entrar en una renovación del Poder Judicial”.
Reynders vuelve
En Génova rechazan cualquier nueva reunión a solas con el Ejecutivo, pero cuentan con que habrá otro encuentro con la Comisión al frente. El propio Reynders se reincorpora en los próximos días a su puesto hasta que pasado el verano se designen a los nuevos comisarios. Lo previsible es que vuelva a ser el belga quien monitorice las conversaciones.
El PP entiende que ahora es Pedro Sánchez el que debe aclarar la nueva propuesta después de que avanzara una reforma de la ley orgánica en caso de que no cuaje el acuerdo con los conservadores para vaciar de competencias al CGPJ a la hora de nombrar los magistrados del Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. “Esperamos la propuesta definitiva. La Comisión Europea sabe cuál es la nuestra. Si quiere un acuerdo, que profundice en el camino correcto de despolitizar”, remachó el gallego desde Bruselas.
Lo que ya pactaron en marzo
Fuentes de la dirección nacional popular aseguran a este diario que con lo que contaban, después de las europeas, es que se retomara la negociación tal y como quedó en el mes de marzo. Entonces se produjeron avances y, de hecho, fue el propio Feijóo el que en una entrevista el 6 de mayo en ‘Esradio’ desveló el contenido más importante.
“Lo que el PSOE ha aceptado ya, al menos oralmente” -afirmó el gallego entonces- es que ningún miembro del Gobierno, siendo juez o magistrado, pueda volver a la jurisdicción hasta que transcurran dos años; que no se pueda acceder al CGPJ desde la política hasta que pase un periodo de cinco años; que el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales necesiten una mayoría de 13 sobre 20 (evitando el voto de calidad del presidente) y que el presidente del Consejo sea elegido por los 20 miembros del órgano.
A renglón seguido, admitía: “En lo que estamos paralizados es en que sean los jueces los que elijan a los vocales. Por ahí el Gobierno no pasa”. Con todo, Feijóo reconocía que en realidad las dos posiciones estaban claras y que ya era el momento de que la Comisión inclinara la balanza en uno de los dos sentidos: “Lo que se debate ahora es si Europa acepta que la modificación en el sistema de elección para que la mayoría de vocales sean elegidos por los propios jueces se hace de acuerdo con un dictamen que elabore el nuevo CGPJ… Es decir, que no sea un requisito previo; o por el contrario, que se haga antes de elegir al CGPJ, que es nuestra propuesta porque nos da una mayor garantía”. De alguna manera el líder gallego ya dejaba en manos de Europa el desenlace del pacto.
La última vez que el acuerdo estuvo tan cerca, en otoño de 2022, todo saltó por los aires por la presión ejercida por dirigentes de peso como Isabel Díaz Ayuso, tan contraria al acuerdo con el Gobierno. Pero también Feijóo y González Pons se revolvieron al comprobar que mientras transcurrían los flecos finales sobre el CGPJ el Ejecutivo negociaba la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y modificar el de malversación con los independentistas de ERC. En aquel momento algo se rompió. Para Moncloa, en cambio, era una nueva excusa -la enésima, se quejaban- de las muchas empleadas por el PP.
