La citación de Begoña Gómez a declarar como imputada el próximo 5 de julio abre un nuevo capítulo en la relación que hasta ahora han mantenido los habitantes de Moncloa y los tribunales. Se trata de la primera vez que la pareja de un presidente del Gobierno es investigada, aunque existen varios precedentes en los que los máximos responsables del Ejecutivo han tenido que responder a las preguntas del juez.
En total, tres expresidentes de Gobierno han sido llamados a declarar en los tribunales desde comienzos de la democracia, pero sólo uno ha tenido que hacerlo en el ejercicio del cargo. Es el caso del expresidente Mariano Rajoy, que tuvo que declarar como testigo en la Audiencia Nacional el 26 de julio de 2017 en la investigación sobre la primera etapa del caso Gürtel que afectaba a la presunta financiación irregular del PP. Fue la primera vez en que un presidente en activo acudía a los tribunales, a petición de una acusación popular, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), para informar sobre las adjudicaciones, principalmente la contratación de servicios de organización de eventos y adjudicaciones públicas, que tuvieron lugar durante los años 1990 y 2003, cuando Rajoy era vicesecretario general del PP y director de las campañas de José María Aznar de 1996 y 2000. La imagen de Rajoy ante el tribunal y el vídeo de sus declaracion judicial generó un importantísimo revuelo social y revolvió el tablero político.
La citación judicial del presidente tuvo lugar a final de mayo y coincidió con el anuncio de una moción de censura contra Rajoy por parte de Podemos, que justificó su movimiento precisamente en la presunta corrupción del PP y que se debatió y rechazó en junio de 2017. En mayo de 2018 la Audiencia Nacional publicó la sentencia de la primera etapa de la Gürtel, condenó al PP por lucrarse de la trama y a dirigentes populares como el extesorero José Luis Bárcenas y la exministra de Sanidad Ana Mato. Esta sentencia, confirmada años después por el Supremo, llevó a Pedro Sánchez a presentar la moción de censura que desalojó al Gobierno de Rajoy de la Moncloa en junio de 2018.
Y aunque Rajoy fue el único que acudió a declarar mientras vivía en el Palacio de la Moncloa, no ha sido el único jefe del Ejecutivo que ha sido interrogado por el juez. También el expresidente José María Aznar tuvo que declarar como testigo en marzo de 2021 en la Audiencia Naiconal por la presunta caja B del PP. El presidente de FAES, que declaró por videoconferencia debido a la situación sanitaria, negó ante el juez haber recibido ningún complemento salarial procedente de una contabilidad paralela del Partido Popular, y aseguró haber cobrado siempre mediante transferencias bancarias declaradas a la Hacienda Pública.
El 23 de junio de 1998, dos años después de abandonar la Presidencia del Gobierno, Felipe González también tuvo que declarar como testigo en el Caso Marey, una causa de los GAL por la que su exministro del Interior, José Barrionuevo, fue condenado a diez años de prisión. El expresidente socialista acudió al Tribunal Supremo en una declaración a puerta cerrada, y sólo un fotógrafo de El Mundo logró captar una imagen de González en sede judicial.
Esta cita llegaba después de que González se hubiera librado de una citación como imputado en la trama de los GAL, y de que en noviembre de 1996 el Supremo rechazase citar al expresidente como imputado en esta trama, en una decisión que generó controversia dentro del Alto Tribunal y cuyo auto fue redactado por el actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Los motivos que admitía el Supremo eran también “extraprocesales” para evitar, según argumentó, un “efecto estigmatizador” del líder socialista.
En septiembre de 1997, González ya había acudido al Tribunal Supremo para declarar como testigo por el caso Filesa junto al exvicepresidente socialista Alfonso Guerra. Ambos fueron llamados a testificar en el juicio sobre presunta financiación irregular del PSOE a través de las sociedades Filesa, Malesa y Time Export. iniciativa de la acusación que promueve el empresario José María Ruiz-Mateos. Los dos máximos mandatarios del partido y del Gobierno durante la etapa socialista fueron interrogados también por el abogado que representa al PP. Las acusaciones se centraban en el desvío hacia el PSOE de unos mil millones de pesetas, abonados a Filesa por bancos y grandes empresas a cambio de supuestos informes. En octubre de 1998 el Supremo condenó a ocho personas, entre ellos varios cargos públicos socialistas, aunque las penas fueron después reducidas o indultadas. El entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, pidió públicamente disculpas a los militantes y votantes de su partido.
También el expresidente Adolfo Suárez declaró como testigo el 8 de junio de 1995, 14 años después de dejar la Presidencia del Gobierno. Acudió a la Audiencia Nacional para testificar en el juicio sobre el caso Banesto, uno de los procesos más largos de la historia de los delitos económicos. El primer presidente de la democracia negó que su partido, CDS, hubiera recibido 300 millones de pesetas procedentes de la entidad financiera entonces presidida por Mario Conde, que declaró haber entregado esa cantidad al entonces líder del partido y que fue después condenado a diez años de prisión.
