PP y PSOE han cerrado un acuerdo en Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial y “reforzar la independencia judicial”. Tras cinco años del gobierno de los jueces caducados, socialistas y populares han alcanzado un pacto que, además de la renovación de este órgano, incluye un camino a seguir para modificar el actual sistema de elección de sus vocales y añades diversas medidas para garantizar la independencia del poder judicial. A continuación todas las claves para entender uno de los acuerdos más relevantes de la legislatura:
Ambas formaciones han acordado renovar el órgano de gobierno de los jueces, caducado desde diciembre de 2018, siguiendo el sistema actual, en el que el Congreso y el Senado deben elegir a los 20 vocales -diez cada Cámara- siguiendo el siguiente reparto: 12 jueces o magistrados y 8 juristas de reconocido prestigio. El reparto, según fuentes de ambas formaciones, será “equilibrado”, de tal forma que cada partido podrá elegir a 10 miembros.
La elección del presidente del CGPJ, que lo es también del Tribunal Supremo, recae siempre en los 20 vocales del Consejo. Según el PP, en el acuerdo se establece que “el Gobierno no podrá señalar al presidente” y que su elección será “por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos”. El PSOE, en un comunicado, se limita a señalar que el presidente del Consejo “será aquel que decidan los miembros del CGPJ, tal y como dispone la ley”.
Uno de los principales problemas a la hora de alcanzar un acuerdo era la reforma del sistema de elección de cara a futuro. Los populares quieren que sean los propios jueces los que elijan a los 12 magistrados del CGPJ, mientras que el PSOE se resiste. El acuerdo final establece que, a la par que se impulsa la renovación del Consejo, se aprobará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial mandatando al nuevo CGPJ a que en el plazo de seis meses elabore y apruebe, por una mayoría de tres quintos, una “propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial”.
Según establece la reforma que quieren incluir, el sistema deberá ser “conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos”.
No obstante, el mismo texto establece que esta futura ley deberá ser trasladada al Congreso “para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación”. Los socialistas resaltan este punto en su comunicado, dando a entender que no existe un compromiso a aprobarla.
El acuerdo también incluye la “prohibición expresa” de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado, como ocurrió con la exministra de Justicia Dolores Delgado.
