Hace poco más de un año, era raro escuchar a un ministro que no sacara pecho de la acción legislativa del Ejecutivo, con 215 iniciativas aprobadas entre leyes y reales decretos a sus espaldas. La cifra, aunque ligeramente menor que la que cosechó el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2011 y 2015, no era nada desdeñable. Sin embargo, aquellos números están lejos de los actuales. El comienzo de esta legislatura, que arrancó el pasado verano, ha sido menos prolífico. Las leyes aprobadas no alcanzan la decena y el Gobierno quiere ponerle solución antes de que se cumpla el primer aniversario de las elecciones del 23-J.
Tras un año complejo, con un ciclo electoral intenso que ha dejado poco espacio a los pactos y con la amnistía de por medio, el Ejecutivo pisa ahora el acelerador para tratar de cerrar el curso político con la aprobación de otros cuatro proyectos de ley, además de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un objetivo para el que tendrá que echar mano, ahora más que nunca, de la geometría variable, valiéndose de sus socios para impulsar varias normas y del PP para llevar a término el acuerdo sobre el Poder Judicial.
En el último año, el Congreso ha mandado a las páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE) un puñado de iniciativas: cinco reales decretos que convalidó, la ley orgánica de amnistía, la ley de enseñanzas artísticas superiores y la reforma de la Constitución para eliminar el término “disminuido” y sustituirlo por “persona con discapacidad”. Pese a la importancia de todas estas iniciativas, el balance legislativo es escaso.
Semanas de negociaciones
El Ejecutivo cuenta con engrosarlo en las próximas semanas con la ley de paridad y la ley para la creación de una autoridad independiente que investigue los accidentes aéreos, ferroviarios y marítimos, ambas ya aprobada por el Congreso y a la espera de que el Senado se pronuncie. Pero, además, han solicitado a la Mesa de la Cámara Baja que durante el mes de julio se celebren los plenos extraordinarios necesarios para dar el visto bueno a otras cuatro normas en las que llevan varias semanas trabajando con sus socios habituales, lo que también les permitirá engrasar unas relaciones que últimamente han sufrido bastantes altibajos.
En concreto, el Gobierno prevé aprobar la ley orgánica del Derecho de Defensa, cuyo principal objetivo es reforzar los derechos de los ciudadanos para su defensa judicial y de los profesionales de la abogacía en el ejercicio de su labor; la ley de agentes forestales y la ley de bomberos forestales, que regulan a ambos sectores; y la ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aunque esta está aún en una fase muy incipiente de la tramitación y será difícil que llegue a aprobarse.
Lo más probable es que la próxima semana el Congreso dé el visto bueno a la primera de ella, la del Derecho de Defensa, y que dentro de dos semanas apruebe las relativas a los agentes y bomberos forestales. Las tres tendrán que pasar después por el Senado, donde el PP podrá modificarlas a placer con su mayoría absoluta. No obstante, la aprobación en el Congreso le da la seguridad al Gobierno de que en un futuro tendrá el respaldo necesario para eliminar todos esos cambios y aprobarlas de manera definitiva.
El pacto con el PP
A esto sumará la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, pactada con el PP para renovar el CGPJ. Ante el rechazo del resto de la Cámara, populares y socialistas aceptaron a trámite este jueves una proposición de ley para reforzar la independencia de los jueces y mandatar al futuro Consejo a que en el plazo de seis meses elabore y apruebe, por una mayoría de tres quintos, una “propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial”.
La aprobación de esta ley es una condición indispensable del PP para sumar sus votos a los del PSOE en el Congreso y en el Senado y aprobar la elección de los 10 vocales del CGPJ que le corresponde a cada una de las Cámaras. Así, junto a la ley de amnistía, que aunó a todo el bloque de la investidura, esta norma será de las más relevantes de la legislatura, y saldrá adelante con el apoyo del PP. En la geometría variable ha encontrado Sánchez la forma de imprimir velocidad a la acción legislativa del Gobierno.
