La exigencia de ERC de aprobar una “financiación singular” para Cataluña a cambio de apoyar la investidura de Salvador Illa coloca al Gobierno central en una situación compleja. Pedro Sánchez ya se ha abierto a explorar fórmulas que satisfagan a los republicanos, pero su paso al frente ha provocado malestar en Junts per Catalunya, que se revuelve contra una negociación que deja al partido de Carles Puigdemont a un lado, así como en varias federaciones del PSOE y en aliados parlamentarios como Compromís, que rechazan un trato especial para Catalunya sin que se reforme todo el sistema. Ante este escenario, el Ejecutivo ha reafirmado este martes que ambos esfuerzos son “compatibles”.
“Es compatible la negociación de una financiación singular con la negociación multilateral del sistema común para las comunidades autónomas, atendiendo a sus singularidades”, ha señalado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros.
Ahora que han comenzado formalmente las conversaciones entre el PSC y ERC para la gobernabilidad de Cataluña, en la Moncloa evitan dar ningún detalle sobre posibles fórmulas. Alegría ni siquiera ha respaldado el enfoque de Illa, que pasa por la creación de un “consorcio tributario” recogido en el Estatut que implicaría una gestión compartida de los impuestos entre la Generalitat y el Estado. ERC, mientras tanto, insiste en una figura similar a la del concierto vasco, por la que Cataluña recaudaría y gestionaría todos los impuestos generados en su territorio. Y Junts pide que la financiación quede fuera de la negociación sobre la investidura en Cataluña, donde los posconvergentes, a través de Puigdemont, se presentan como alternativa a Illa. El hipotético acuerdo, ha advertido este martes su secretario general, Jordi Turull, debe abordarse en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en la que Junts sí resulta imprescindible.
El “silencio” del PP
Tratando de no alimentar las distintas suspicacias, el Gobierno ha optado por enfocarse en el PP, que gobierna en la mayoría de las autonomías y rechaza negociar la reforma del sistema común, algo que complica cualquier cambio. Alegría ha recordado que Sánchez ya le transmitió en diciembre a Alberto Núñez Feijóo, líder de los conservadores, la necesidad de abordar la modificación del sistema actual, que caducó en 2014 pero se sigue aplicando ante la falta de acuerdo entre los dos principales partidos. “Su respuesta fue el silencio absoluto”, ha dicho la portavoz y ministra de Educación.
“Es un debate que hay que afrontar con serenidad y seriedad. Este es el Gobierno que más recursos ha dado a las comunidades autónomas. En estos últimos seis años, han recibido más de 250.000 millones de euros más de lo que recibieron en los últimos seis años de Mariano Rajoy”, ha continuado Alegría, sin detenerse en que la coyuntura económica internacional fue con Rajoy más adversa que con Sánchez.
“Las comunidades del PP, lideradas por Isabel Díaz Ayuso, se están comportando de forma irresponsable. La Comunidad de Madrid ha recibido en seis años 108.000 millones de euros, más de 36.000 millones de euros más con respecto a Rajoy. Pero mientras todo esto sucede, vemos cómo su presidenta decide suprimir el impuesto de patrimonio y el de sucesiones. Esa supresión conlleva que se dejen de recaudar 1.400 millones de euros. Con esos millones se podrían poner en marcha 700 escuelas infantiles nuevos. O 50 colegios. O 20 hospitales. Sería importante que por parte del PP nos explicaran también cuál es su modelo”, ha zanjado Alegría. Solo que el Gobierno, por el momento, tampoco explica con detalle su enfoque.
