El 28 de junio de 2024 ha comenzado finalmente el Gobierno de Javier Milei. El presidente había asumido el pasado 10 de diciembre, pero logró, después de seis meses de tropezones sistemáticos, que la cámara de Diputados apruebe su preciada Ley Bases que le permitirá hacer realidad su sueño de desguazar el Estado, reducir los impuestos de los sectores más pudientes, privatizar empresas públicas, recortar derechos laborales y llevar a cabo una profunda apertura de la economía que beneficiará a las empresas que extraen hidrocarburos y litio. La iniciativa recibió el voto afirmativo de 147 legisladores, en su mayoría provenientes de la derecha tradicional y partidos “dialoguistas” de centro derecha. Los 107 votos en contra pertenecieron al peronismo y la izquierda. Dos diputados se abstuvieron.
“Con 38 diputados, siete senadores y el apoyo de un sector de la dirigencia política, y a pesar del obstruccionismo del kirchnerismo y sus cómplices de siempre, quienes demoraron el proyecto durante meses, el Gobierno nacional logró la aprobación de la primera ley en el camino hacia el país libre y próspero que los argentinos eligieron el pasado 19 de noviembre”, sostuvo la oficina del presidente.
Meses atrás, los diputados eran “ratas” que obstaculizaban las iniciativas de la ultraderecha. La situación se modificó en la madrugada de este viernes y, por lo tanto, también el lenguaje oficial. “El Poder Ejecutivo agradece nuevamente la labor patriótica de los legisladores que comprendieron la responsabilidad histórica que tenían en sus manos y aportaron su voto afirmativo, a pesar de los constantes y desesperados intentos de quienes pretenden aferrarse a sus privilegios a costa del desarrollo del país”.
El anarco capitalista consiguió del Congreso las “facultades especiales” que le permitirán llevar adelante su plan de reformas radicales sin pasar por la legislatura. Milei contará con esa prerrogativa por un año y podrá utilizarla en asuntos económicos, administrativos, financieros y energéticos. Con ese instrumento en mano avanzará en la liquidación del Estado. Se esperan miles de despidos y el cierre de numerosos organismos. La oposición “dialoguista” logró salvar de su disolución al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), así como otras dependencias científicas y culturales que estaban en peligro.
Si bien el oficialismo tuvo que realizar concesiones para evitar un segundo naufragio del proyecto, consiguió lo fundamental en materia de privatizaciones, blanqueo de capitales y, en especial, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con el que el Gobierno aspira a atraer empresas extranjeras. La oposición advirtió que se profundizará la matriz de desigualdad de un país con 55,5% de pobres.
La cámara de Diputados también aprobó el llamado “paquete fiscal” que permite volver a instituir el impuesto a las ganancias que beneficiaba a los trabajadores de salarios altos. “Ahora se terminan los pretextos, se termina la cortina de humo”, dijo el diputado de centro derecha Nicolás Massot, al justificar su apoyo a la Ley Bases. El Gobierno, señaló Miguel Ángel Pichetto, perteneciente al mismo espacio, “tiene los instrumentos que necesita”. Por lo tanto, debe arrancar la etapa de la gestión.
La ultraderecha encuentra el camino despejado para avanzar en la eliminación de fondos destinados a la Protección de Bosques Nativos, la promoción de energías renovables, la ciencia y la educación. Numerosas organizaciones ambientales y de derechos humanos, entre ellas Greenpeace, advirtieron sobre los peligros que se ciernen si Milei es consecuente con su rechazo al Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo alertó sobre la posibilidad de que sea eliminada por decreto una unidad para la búsqueda de desaparecidos que se creó en 2004. “Me dan ganas de hacer una manifestación enorme con un pueblo que le diga al Gobierno que no tiene razón con este disparate”, dijo su presidenta, Estela de Carlotto. Si se elimina la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI) se “ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía”.
Milei pudo cantar victoria gracias a la capacidad negociadora de su jefe de ministros, Guillermo Francos, quien logró acercar voluntades de la vilipendiada “casta” política para que acompañaran la Ley Bases. Según el peronismo, han abundado los favores y gastos discrecionales.
La Oficina del Presidente reconoció que “la aprobación de esta ley no resuelve la situación catastrófica heredada”. Sin embargo, “representa un avance significativo en la misión de restaurar un marco normativo razonable para empezar a desandar el camino recorrido en los últimos 100 años”. A pesar de la victoria parlamentaria, el Gobierno enfrenta problemas para sostener su programa económico. El precio del dólar se ha desatado en las últimas semanas. Milei confía en que a partir de la vigencia de la nueva normativa se tranquilice el mercado y se despeje el horizonte de interrogantes.
