Desde el 7 de octubre, cuando comenzó la guerra en Gaza, el Estado español ha comprado armas a Israel por valor de 1.037 millones de euros, según un informe publicado este miércoles por el Centro Delàs de Estudios por la Paz. Y España ha vendido munición a Israel por un millón de euros. El Gobierno defiende la legalidad de ambas acciones, pero sus socios llevan meses mostrándose en contra. Este jueves, han elevado ese rechazo y han aumentado la presión al PSOE registrando una ley para prohibir la compraventa de armas a países que hayan sido demandados ante un Tribunal internacional por crimen de genocidio.
Sumar, ERC, Podemos y BNG han registrado este jueves una ley impulsada por varios colectivos que busca incluir en la legislación española el embargo armamentístico hacia aquellos países que hayan sido demandados ante un Tribunal internacional, siempre que la demanda sea admitida a trámite, por crímenes de genocidio, lesa humanidad, infracciones de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales u otros crímenes de guerra.
Dentro de esta tipificación entraría el caso de Israel, que en diciembre fue acusado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de un presunto delito de genocidio. A finales de enero, la Corte exigió a Israel, como medida preventiva, que detuviera la matanza de palestino por el riesgo de genocidio. Por lo cual, con la reforma de la ley registrada, el Estado español debería aplicar un embargo armamentístico a este país.
La norma establece que dicho embargo conllevará la “prohibición de toda venta, suministro, transferencia o exportación”, ya sea por parte de personas físicas o jurídicas nacionales o residentes en España o por parte del propio Estado español. Y, además, también prohíbe “toda importación” de material militar por parte del Estado o de particulares. Aquí estarían incluidos los 1.037 millones en armas que ha adquirido España desde el pasado 7 de octubre, cuando tuvo lugar el atentado de Hamás.
La denuncia social
La iniciativa, registrada por los socios del PSOE, proviene del trabajo de distintas asociaciones que se han congregado este jueves ante las puertas del Congreso, Ana Sánchez, portavoz de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, ha apuntado que llevan meses “exigiéndole al Gobierno” que pusiera fin al comercio de armas con Israel. “Era una cuestión de voluntad política y como no lo han demostrado venimos hoy a registrar esta propuesta de ley para obligar al Gobierno a respetar el derecho internacional y a poner fin a su complicidad con un régimen colonial, genocida y de apartheid”, ha dicho.
Por otro lado, Eduardo Melero, miembro del Centro Delàs de Estudios por la Paz, ha denunciado que las relaciones con Israel se han mantenido “igual” desde el inicio de la guerra y el portavoz de la Comunidad Palestina de Catalunya, Saif Abukeshek, ha dicho que son “víctimas directas de la complicidad” del Gobierno con Israel. “Es una ley para la justicia y para la paz global”, ha sentenciado sobre la proposición de ley presentada este jueves.
