El PSOE no logró afianzar su “remontada” en el plebiscito con el que el PP enfocó las elecciones europeas, como una suerte de segunda vuelta de las generales. Los populares ganaron las elecciones con una margen de dos escaños, 22 frente a 20, y cuatro puntos. Una horquilla menos ajustada de lo que llegaron a aspirar los socialistas, que confiaban en reducir la ventaja de los populares a dos o tres puntos y un solo escaño. El PSOE pierde un escaño con respecto a las europeas de 2019, aunque superan la barrera moral del 30%.
El PSOE retrocede un escaño con respecto a las últimas europeas y dos puntos y medio. Con respecto a las últimas generales lo hace 1,3 puntos. La horquilla con el PP pasa de punto y medio en el 23-J a cuatro.
En el juego de expectativas, en Ferraz han aprovechado el fin de ciclo que trató de instalar Feijóo para darle la vuelta y tratar de aplacar el plebiscito. En el contexto europeo, sin embargo, Sánchez se ratifica como el principal referente de la socialdemocracia. Su homólogo del SPD alemán, el canciller Olaf Scholdz, ha sufrido una fuerte derrota hasta situarse en tercera posición, con la mitad de votos que los conservadores y por detrás de la extrema derecha de AdD.
La campaña de las europeas ha visualizado un distanciamiento entre PSOE y Sumar que busca reconducirse tras los comicios. Tras los malos resultados de los de Yolanda Díaz que queda en tres escaños, está por ver qué tipo estrategia seguirán en la coalición. Para intentar retomar las relaciones está comprometida una reunión del pacto de seguimiento de la coalición durante este mes que deberá sentar las prioridades para las próximas cuentas públicas y los acuerdos en materia de lucha contra la desinformación, con el referente de la ley europea de Libertad de los Medios de Comunicación que acaba de entrar en vigor, o “democratización de la justicia”. Sobre esto último, desde Sumar se presiona para una reforma en la ley del poder judicial que fuerce la renovación del CGPJ.
La principal carpeta sobre la mesa será la de los Presupuestos. Tras prorrogar los de 2023 por las dificultades para llegar a acuerdos con los independentistas en el contexto electoral de las catalanas, el Gobierno necesita unas primeras cuentas públicas para asegurar la gobernabilidad. Más allá de que no formen parte del futuro Govern ni Junts ni ERC, pues en Moncloa dan por segura una investidura del socialista Salvador Illa, los negociadores del Gobierno entienden que los independentistas siguen teniendo en interés en capitalizar acuerdos. Desde temas relacionados con la fiscalidad hasta el traspaso de competencias en materia de inmigración, ya acordado con Junts y pendiente de materializarse.
Su apoyo estará determinado por los plazos para una investidura, con el 25 de agosto como fecha tope, pero también de los procesos orgánicos para renovación de liderazgos. Al margen de ello, en el Gobierno apuestan por avanzar en las conversaciones para explorar el apoyo a los Presupuestos sobre lo que, según aseguran, “nunca nos han dicho que no”.
