La conferencia sectorial sobre inmigración celebrada en Santa Cruz de Tenerife este miércoles no sirvió para despejar todas las incógnitas que deben resolverse sobre la situación de emergencia que vive Canarias. Las comunidades del PP, que son la mayoría, llegaron a la reunión habiendo dejado claro que participarán en el reparto de los 347 menores extranjeros no acompañados que ya se había pactado tiempo atrás, pero que en el mes de junio seguía bloqueado. Fue Alberto Núñez Feijóo el que fijó posición después de que Génova coordinara la respuesta con todos los territorios.
Ese reparto llegó a estar en duda por la presión de Vox. Santiago Abascal advirtió días atrás de que los gobiernos compartidos no aceptarían ninguna derivación. Tras aceptar el PP la primera derivación, el partido ultra celebrará este jueves por la tarde un comité ejecutivo nacional “para abordar los próximos pasos”. En Vox acusan a Feijóo de “haber obligado” a sus presidentes autonómicos a aceptar la acogida.
En cuanto al otro gran asunto, la reforma de la Ley de Extranjería con la que el Gobierno quiere agilizar futuros repartos cuando Canarias vuelva a exceder su capacidad haciendo obligatorio el traslado de menores hacia otras comunidades, quedó sin respuesta del PP.
La posición, como publicó este diario, es contraria en este momento. No la respaldan porque consideran, según dicen, que es “una carta blanca” para el Gobierno a la hora de hacer repartos de menores migrantes sin tener en cuenta la opinión de las comunidades, ni tampoco confían en una financiación concreta de cómo se asumiría esa acogida durante todos los años hasta que cada niño alcance su mayoría de edad. El Gobierno, por su parte, asegura que “trabaja” en lograr esa financiación suficiente. Lo que trasladaron las comunidades en la reunión es que “no son competentes” porque esa reforma se tendrá que votar en el Congreso de los Diputados.
Es decir, que la decisión la tomará el grupo parlamentario que encabeza Feijóo. Fuentes de Génova confirman que esa es la posición de las autonomías: tomar nota de la reforma, que estudiarán en los próximos días y que se decidirá la fijación del sentido de voto más adelante. El PP siempre lo suele hacer al final, poco antes de la votación. En todo caso, los conservadores buscan ganar tiempo.
En el PSOE ya respondieron a ese aplazamiento. El número tres del partido, Santos Cerdán, reprochó al PP no estar demostrando “ni humanidad ni solidaridad”. “Hay deberes como sociedad que no se pueden ni se deben eludir. La ausencia de propuestas del PP no es un proyecto político. Imitar a la extrema derecha, tampoco”, zanjaba.
¿Romperá Vox algún gobierno?
Será este jueves a las seis y media de la tarde cuando el partido celebre un comité ejecutivo nacional para decidir “los próximos pasos”. En Vox acusan a Feijóo de haber “obligado” a sus barones autonómicos a aceptar la acogida de menores y remarcan que su partido “no será cómplice de violaciones, robos y machetazos”.
En el entorno de Abascal ya insistían en la noche del miércoles en que “la postura quedó muy clara”. En esa comparecencia el dirigente de ultraderecha dijo que si los gobiernos compartidos con el PP aceptaban menores migrantes no acompañados “los darían por rotos”. “No vamos a aceptar ningún reparto”, recalcó después de insistir en que las comunidades debían “utilizar los medios políticos y legales para evitarlo”.
La cuestión es que después de días con el debate centrado en los casi 6.000 adolescentes y niños que siguen esperando en las islas a una solución humanitaria -y de los que en realidad las comunidades se deberían hacer cargo de menos de la mitad, puesto que 3.000 de ellos permanecerán en Canarias- en la conferencia sectorial de este miércoles realmente solo estaba previsto el reparto de 347 menores. Los mismos sobre los que los territorios ya hablaron el mes pasado, aunque su distribución quedó aparcada.
Cuando Feijóo confirmó que sus CCAA aceptarían los casi 400 menores -”haremos un último esfuerzo”- repitió, no mencionó nada sobre esos casi 6.000 que continúan a la espera y que el Gobierno quiere vincular a la reforma de la Ley de Extranjería
Lo que está por ver ahora es si Abascal seguirá adelante con su órdago a pesar de que estos menores ya se habían decidido derivar tiempo atrás. O si decide asumirlo y vincula la ruptura de los gobiernos autonómicos a los futuros repartos y a la reforma de la ley que quiere hacerlos obligatorios.
En Génova reconocen que no ven disparatado el movimiento, convencidos de que los ultra “buscan su sitio” desde hace tiempo, vinculando el movimiento de unirse al grupo de Víktor Orban en el Parlamento Europeo a un nuevo camino emprendido por los de Abascal. “Quieren un golpe de efecto y puede ser una salida”, reflexionan en la cúpula conservadora. En Vox también aseguran que la posición es taxativa y han seguido repitiendo que “romper es romper”. Incluso el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, afirmó que “si nos hacen elegir entre honor y barcos, elegiremos honor”.
