Las circunstancias de la muerte de María Isabel Suárez son, a día de hoy, un misterio, pero el actor Luis Lorenzo y la mujer de este, Arancha Palomino, que era la sobrina política de la mujer, siguen bajo investigación por cómo la trataron durante sus últimos meses de vida. Los dos han sido acusados ahora por la Fiscalía de Madrid de dispensarle un “trato absolutamente vejatorio” que incluyó privarla de los “cuidados más básicos, como la higiene”, así como de cambiar el testamento de la anciana a su favor y apropiarse de al menos 20.000 euros de una de sus cuentas bancarias.
La Fiscalía, según ha podido saber El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, ha solicitado que se condene a seis años de prisión a cada uno por un delito contra la integridad moral y otro de administración desleal que fueron cometidos, presuntamente, en los meses previos al fallecimiento de la mujer en el domicilio de ambos el 28 de junio de 2021.
Bajo engaños, explica el Ministerio Público, Lorenzo y Palomino convencieron a Isabel Suárez de que se trasladase de forma supuestamente temporal desde su residencia de Grado, Asturias, hasta el piso de ambos en Rivas, Madrid. “Para ello, le hicieron creer que precisaban su ayuda para el cuidado de sus hijos y que solamente pasaría fuera de su casa unos pocos días”, apunta la Fiscalía.
Allí, y en condiciones pésimas, la mujer habría permanecido aislada durante meses de forma “sistémica” hasta su fallecimiento. Meses en los que, además de no dispensarle el trato y los cuidados que necesitaba, habrían intentado por medio de varios notarios hacerse con el control de sus cuentas bancarias para poder mantener su elevado estilo de vida, dice la Fiscalía, llegando a apropiarse de casi 20.000 euros de su pensión.
Trato vejatorio
Sospechosos durante meses del asesinato de su tía, la investigación nunca llegó a reunir las pruebas necesarias para sustentar que Luis Lorenzo, actor que ha participado en series como Al salir de clase, La que se avecina o Médico de familia, y su mujer Arancha Palomino fueran responsables de su muerte. Sin embargo, a día de hoy las causas del fallecimiento María Isabel Suárez siguen sin estar claras.
Lo que sí considera probado la Fiscalía es que, una vez en Madrid, el matrimonio trató de aislar a la víctima de forma “sistemática”. Así, la mantuvieron apartada de sus hermanos y otros sobrinos, que se encontraban todos ellos en Asturias, y se aprovecharon del deterioro cognitivo que padecía, cuya gravedad aumentó de manera “fulminante “desde su traslado, “habiendo sido apreciado un episodio de demencia en agosto de 2020 por los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid”.
Además, durante el tiempo en que estuvo con ellos, privaron presuntamente a la mujer de los cuidados y atenciones más básicos, prohibiéndole, por ejemplo, utilizar los cuartos de baño de la vivienda y “obligándole a emplear los aseos comunes del garaje de la urbanización donde estaba la vivienda”. Tampoco le habrían suministrado la medicación pautada ni el espesante que llegó a necesitar para comer.
Fue en esa época, cuando la mujer empezó a requerir cuidados más específicos y se empezó a deteriorar, por ejemplo, su movilidad, cuando se acentuó la desatención y se produjeron discusiones “a gritos” con ella.
Esa supuesta desatención de Lorenzo y Palomino se plasmó un día en el que, mientras el resto de la familia estaba en un parque de atracciones, los acusados dejaron a María Isabel en un restaurante durante nueve horas “pese a ser plenamente conscientes de sus limitaciones cognitivas y haciendo caso omiso de las llamadas que recibieron de los trabajadores del establecimiento y de la Policía”.
Control de sus cuentas
La Fiscalía sostiene que todos estos presuntos malos tratos no fueron arbitrarios, sino que tuvieron la finalidad de lograr el control del dinero de su cuenta corriente porque lo necesitaban para mantener su ritmo de vida y soportar importantes gastos mensuales “sin efectuar actividad laboral alguna ni detentar ninguna fuente de ingresos para sostener tales gastos”.
Para ello, el 7 de mayo de 2021, es decir, un mes y medio antes del fallecimiento de la mujer, la llevaron a una notaría para que revocase su testamento y le dejase todos sus bienes, a excepción de dos fincas rústicas, a Arancha Palomino. Tres semanas más tarde, regresaron para que la mujer de 85 años otorgase un poder especial a su sobrina para que pudiese disponer de su dinero.
Cuando se dieron cuenta de que este era insuficiente para realizar todas las gestiones que querían hacer, regresaron a la notaria para que ampliara dicho poder, explica la Fiscalía. El notario, al apreciar que la mujer carecía por completo de capacidad para prestar su consentimiento para realizar cualquier clase de acto o negocio jurídico, se negó a autorizar el acto.
Posteriormente, lo intentaron con otro notario quien también se opuso. Así que, haciendo uso del primer poder, ambos lograron acceder a la cuenta corriente que tenía la mujer con un saldo de 60.884 euros y en la que percibía una pensión de 950 euros mensuales y fueron incorporando el montante de la cuenta a su propio patrimonio hasta hacerse con 19.400 euros en total.
Una cuidadora, también acusada
Una de las tesis de la pareja para contrarrestar el supuesto trato vejatorio dispensado a la anciana es que contrataron a una persona para que cuidase de ella. Lo hicieron, según ha quedado acreditado, en esos dos meses finales en los que se hicieron con el control de parte de su patrimonio. Una semana después de cambiar el testamento contactaron con Feliz Vita, una empresa que les remitió a una mujer para la que el fiscal también pide ahora dos años y medio de prisión por un delito contra la integridad moral.
Lo hace porque, desde el momento en que esta trabajadora llegó a la vivienda, se habría dado cuenta de “la total negligencia y dejadez” que la pareja mostraba en el cuidado de la mujer. Así se lo hizo saber a su empresa, pero, cuando ésta se lo recriminó a Luis Lorenzo y Arancha Palomino, resolvieron el contrato con Feliz Vita y contrataron directamente a esa cuidadora.
Procedieron a abonarle “una cantidad muy superior a la que esta cobraba trabajando para la mencionada agencia”, y ella, que sabía las condiciones en las que se encontraba la mujer, aceptó “a pesar de ser totalmente consciente del deplorable estado en el que se hallaba, de la falta de atención, cuidado e higiene que la misma sufría, […] as well as the way in which they defrauded their assets“. In exchange, for his complicity they paid him 3,600 euros during the month of June and 2,700 euros in July 2021.
