Un mes después de la entrada en vigor de la ley de amnistía, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ve como un “golpe de estado híbrido” que algunos estamentos judiciales hayan rechazado ya aplicar la normativa para algunos casos, como por ejemplo el suyo. Puigdemont acusa al Tribunal Supremo, que la semana pasada descartó exonerar el delito de malversación por el 1-O y mantuvo vigente la orden de detención contra él, de “actuar al margen de la ley” y de querer constituirse como “oposición al Gobierno”.
“Como visiblemente no son guardias civiles entrando en el Congreso con la metralleta en la mano, el golpe de estado no es percibido como tal. Pero el resultado es el mismo: subvertir las decisiones del Parlamento, intervenir el funcionamiento de las instituciones del Estado”, sentencia, en este sentido.
Asimismo, además de acusar a “jueces, policías, periodistas y empresarios” de estar al detrás de estos movimientos y de referirse a ellos como “grupos organizados”, Puigdemont también responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación. Según el expresident y líder de Junts, los “copistas actúan desbocados” porque “quien tendría la responsabilidad de proteger la democracia, mira hacia otro lado y se inhibe de tomar decisiones”.
El mensaje de Puigdemont llega en pleno debate sobre la investidura del próximo president de la Generalitat y con la promesa del líder de Junts de regresar al Parlament cuando esta se produzca, sea él o el socialista Salvador Illa el postulante.
Se trata de un compromiso que el expresident adquirió durante la campaña electoral, cuando la ley aún no se había aprobado definitivamente, y que ahora se complica por la decisión del alto tribunal. Con la actual orden de detención vigente, Puigdemont sería detenido al cruzar la frontera y trasladado a Madrid, donde el juez Pablo Llarena podría decretar prisión provisional. Por este motivo, ante la posibilidad de que regrese, el independentismo prepara un dispositivo para custodiarle y tratar de evitar un arresto.
