El PP se opone a la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno junto con el Ejecutivo canario que encabeza Fernando Clavijo (Coalición Canaria) -y que comparte precisamente con los populares en las islas- pretende aprobar antes de que termine el mes de julio. Ese cambio en la norma permitiría al Estado intervenir y agilizar la derivación de menores migrantes no acompañados hacia otros territorios cuando Canarias esté al límite de su capacidad. Según explican en la dirección nacional conservadora, los populares rechazarán la propuesta y dan por hecho que no llegará al Congreso en las próximas semanas. Sin el PP, Pedro Sánchez necesita el apoyo de todos sus socios de investidura y Junts ha dicho abiertamente que se opone.
A lo que sí darán luz verde las comunidades autónomas del PP es al reparto de los casi 6.000 menores migrantes que siguen bloqueados en Canarias, a la espera de una solución humanitaria cuya urgencia es ya absoluta. Este fin de semana Canarias se ha visto obligada a instalar una carpa en el Puerto de Naos (Lanzarote) para atender a los niños en los muelles. La situación es de colapso absoluto como lleva advirtiendo Clavijo en las últimas semanas. Desde varias comunidades del PP recalcan a este periódico “que siempre han actuado con responsabilidad y solidaridad” y “que lo volverán a hacer” en esta ocasión. También dirigentes de la cúpula conservadora garantizan que ese reparto se llevará a término y que cada autonomía asumirá lo que le corresponda. La preocupación en el PP, insisten, es que el verano “va a ser muy complicado” y los cálculos que tienen en Génova, del propio Ejecutivo canario, pasan por que más de 11.000 menores podrían llegar durante las semanas estivales.
En la conferencia sectorial adelantada a este miércoles se abordarán todos estos asuntos. Algunos consejeros del PP acudirán a Tenerife y otros lo harán por vía telemática. Los conservadores sí se oponen a la proposición de ley que quiere reformar la Ley de Extranjería tanto por el fondo como por la forma. Primero se quejan de que el Gobierno haya elegido esa vía parlamentaria e insisten en que el Ejecutivo de Sánchez busca “carta blanca” para tomar decisiones en el futuro que afectan a los territorios sin contar con ellos tras una “política migratoria fallida durante años”.
Como publicó este diario, el gran escollo para el PP tiene que ver con la financiación de esta iniciativa. Los conservadores recalcan que la acogida de todos los menores migrantes tiene que estar garantizada con recursos propios: infraestructuras (en algunas autonomías no hay centros y en otras el límite de la capacidad ya está ampliamente superado, aseguran) y partidas concretas para sufragar todos los derechos y servicios que necesitan los niños y adolescentes hasta cumplir la mayoría de edad. En la dirección nacional recalcan que la proposición de ley no va acompañada de una memoria económica ni de inversiones específicas. Es más, aseguran que las CCAA siguen sin tener información.
Además, una de las críticas que más repiten en el PP mira directamente al resto de socios parlamentarios del Gobierno. Varios presidentes autonómicos ponen en duda la posición de Euskadi y, sobre todo de Cataluña, a pesar de que la Generalitat está dirigida por ERC. Es Junts el partido que abiertamente se opone a que su comunidad autónoma participe de ese reparto.
En la dirección nacional también miran con recelos las negociaciones que puedan producirse en paralelo, convencidos de que Junts podría conseguir parte de su propósito. Ya en el mes de enero consiguió firmar por escrito el traslado competencial en asuntos migratorios a pesar de que éstos recaen sobre el Estado. El Gobierno le quitó importancia a los efectos reales de aquel acuerdo, pero en la ronda de contactos que Clavijo y el ministro Ángel Víctor Torres mantuvieron hace dos semanas con los grupos parlamentarios, Junts lo volvió a sacar a colación.
Ante esta situación, la desconfianza y, sobre todo, la crítica a una política migratoria que el PP ve completamente “fallida y llena de parches”, los conservadores aseguran en este momento “solidaridad” de sus presidentes, pero rechazan apoyar la reforma de la Ley de Extranjería. Feijóo habló de esa solidaridad hace días, pero después endureció buena parte de su discurso aprovechando un encuentro con los principales líderes del PP europeo.
Documento interno del PP
Ese cambio llevó al desconcierto, también dentro del propio Gobierno, que consideró un giro a la derecha de Feijóo. En realidad, los presidentes autonómicos -que se dieron cita el pasado lunes en Salamanca con su líder- siempre mantuvieron esta postura, alejando el pacto que busca Torres y también Clavijo con la reforma de la ley.
Hay comunidades que alertan de una especial saturación –Andalucía, la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que viven una situación distinta–. Y por eso mismo, como publicó este diario, aseguraban que era “imposible” un acuerdo como el que pide el Gobierno.
El PP ha celebrado en las últimas semanas varias reuniones con los consejeros autonómicos y han elaborado un documento de trabajo interno con una estrategia muy precisa que ya están ejecutando. El llamamiento a Europa -que verbalizó Feijóo ante Ursula von der Leyen- es una de las patas más importantes. Los conservadores creen que Sánchez “no está haciendo su trabajo” y, por eso, dicen, Feijóo decidió pedir ayuda activamente a las instituciones comunitarias, dejando claro que la intervención europea es clave como ha sucedido en otros momentos en Italia y Grecia.
Además, los conservadores creen que hace falta recuperar acuerdos con los países de origen como Mauritania, Túnez o Egipto e incrementar medidas disuasorias para las mafias que se dedican al tráfico de personas y potencian los flujos migratorios irregulares. El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, pidió directamente que el Gobierno pusiera a disposición las Fuerzas Armadas para defender las fronteras, “desplegando embarcaciones” para evitar que los cayucos salgan al mar. Una propuesta que en la dirección nacional reconocieron que no estaba bien explicada -entre otras cosas porque sin autorización expresa del país en cuestión, por ejemplo, Mauritania- no se puede actuar en ningún caso, pero que ahonda en la posición de que se deben llevar a cabo maniobras disuasorias.
El mensaje ideológico de fondo también está muy claro y Feijóo lo llevó días atrás ante sus socios europeos: no dejar que la ultraderecha siga abanderando el problema de la migración y dar “respuesta” como piden los ciudadanos “a los problemas reales como éste” o Vox y todos sus socios -en media Europa son primera o segunda fuerza- seguirán en auge.
