La evaluación que el Gobierno encargó hace dos años a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la sostenibilidad de MUFACE no estará hasta finales de año, los tiempos que siempre se han manejado, según explican a El Periódico de España, del mismo grupo editorial, desde el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige José Luis Escrivá. Mientras, la negociación del próximo concierto -el actual caduca en diciembre de 2024- “lleva su curso y, como cualquier contrato público, sigue un procedimiento”.
Con el inicio del año, MUFACE dejó de estar bajo el paraguas del Ministerio de Hacienda y pasó a estar vinculado al Ministerio de Transformación Digital. El cambio “de dependencia orgánica no tiene ninguna consecuencia para los mutualistas, como ha ocurrido en anteriores ocasiones”, señalaban entonces desde este departamento.
El modelo atraviesa desde hace tiempo una situación crítica, se quejan sindicatos y sus aseguradoras, Asisa, Adeslas y DKV. El nuevo concierto se tendría que firmar, como tarde, en diciembre, para que arranque el 1 de enero del 2025. Las tres compañías presionan para aumentar el importe de la financiación y garantizar que MUFACE pueda continuar. En las actuales condiciones, llevan meses denunciando, es imposible.
La viabilidad
El Gobierno central encomendó en 2022 la elaboración de un estudio revisión de gasto (sprending review) de Muface, Mugeju e Isfas -las tres mutualidades- para el periodo 2022-2026. La primera fase del sprending review 2022/2026 abarca dos áreas de análisis, una de ellas el gasto derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo.
El objetivo es evaluar “la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria del mutualismo” en España de dos fuentes de información: la relativa a los servicios sanitarios proporcionados a través de este régimen y la que afecta a su financiación. ¿Podría quedar la firma del próximo concierto supeditada a la evaluación final que la AIReF haga sobre la viabilidad del mutualismo?. Desde el departamento que comanda Escrivá no despejan la duda planteada.
El informe
A principios de este 2024, las compañías comenzaron a reunirse con el organismo para elaborar el estudio. Un mes después, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también se encontraba con la AIReF para conocer “de primera mano la situación del informe sobre la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria a través del mutualismo administrativo”.
El documento de la AIReF ya va con retraso, reseñan algunas fuentes. De hecho, se esperaba que estuviera listo para el próximo mes de octubre. Pero si el plazo se alarga -ese finales de año que establece el Ministerio de Transformación Digital- la publicación de las conclusiones sobre la solvencia económica de las mutuas coincidiría con el tiempo máximo para la firma del nuevo concierto, con una vigencia de tres años, en el mes de diciembre.
Redacción del pliego
De momento, la negociación, señalan desde el departamento que dirige José Luis Escrivá, “lleva su curso y, como cualquier contrato público, sigue un procedimiento. En este momento se está con la redacción del pliego. Toda la información sobre el mismo estará en la plataforma de contratación para que todas las compañías que cumplan los requisitos puedan optar“.
El último Consejo General de MUFACE se celebró el 20 de mayo y lo presidió la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli. El próximo tendrá lugar el 24 de junio. Fuentes de las compañías que forman parte del concierto vigente indican que están a la espera de que MUFACE les comunique la propuesta de primas.
Las pérdidas
Las tres compañías llevan mucho tiempo advirtiendo que, de no inyectarse fondos a la mutualidad de los funcionarios, el futuro es inviable. Insisten: sin más dotación económica, no hay salida. Una de las aseguradoras, DKV, admitía en abril que las pérdidas directas registradas en 2023 por prestar servicio a MUFACE han sido de 21 millones de euros.
Como se ha dicho, el concierto de Asistencia Sanitaria Nacional 2022-2024 estará vigente hasta diciembre de este año y contempló un incremento de la prima de un 10%. Ahora, piden que esa subida sea del 20%, según ha podido saber este periódico. Una de las reivindicaciones en las actuales conversaciones es que haya alguna cláusula que permita revisar el concierto en función de la situación económica.
MUFACE pierde fuelle
Con datos aportados por el sindicato CSIF con motivo de ese último consejo de MUFACE de mayo, el modelo no deja de decaer. En los últimos cinco años, la Seguridad Social ha ganado gana 92.000 usuarios mientras MUFACE ha perdido 1.746 y baja por primera vez del 70% de adscritos. Un descenso,ha denunciado el sindicato en numerosas ocasiones, provocado “por la mala calidad del servicio ante la falta de financiación”.
Las listas de espera o la reducción en el número de hospitales y clínicas concertadas, son algunas de las quejas de los funcionarios
Las listas de espera, “claramente superiores” a las del resto de pacientes asegurados; reducción en el número de hospitales y clínicas concertadas, la eliminación de los servicios de urgencias en determinados centros o cómo los cuadros médicos no están actualizados, son algunas de las quejas de los funcionarios que reciben atención a través de las mutuas.
Salir perdiendo
“No vamos a permitir que se deje morir el mutualismo administrativo. No pueden salir perdiendo los empleados públicos. Es un derecho adquirido desde hace muchos años. Se tienen que respetar estas condiciones. Es un sistema que prestan las compañías, pero público. Si este modelo se rompiera tendríamos un problema: millones de personas pasarían a engrosar el sistema de salud“, señalan desde CSIF.
CSIF ya avanza que en las próximas semanas se movilizará por diversas cuestiones que afectan a los empleados públicos -el 20 de junio ha convocado una manifestación frente al Ministerio de Educación, coincidiendo con el final del curso escolar, para protestar por la ausencia de reformas estructurales que mejoren la profesión docente- y que, entre sus reivindicaciones, estará garantizar la financiación del mutualismo para preservar la calidad asistencial a los funcionarios.