El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspendido este viernes cautelarmente el Decreto del régimen lingüístico del sistema educativo, previsto en la Ley de Educación de Catalunya de 2009 y aprobado in extremis el pasado 14 de mayo. Se trata de un texto que, en palabras de la portavoz de Govern, Patrícia Plaja, perseguía “dar seguridad jurídica a los centros“, ya que señala que el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) es responsabilidad del Departament d’Educació (no de las direcciones).
Un decreto ahora cautelarmente suspendido que el Govern (ahora en funciones) empezó a redactar después de que hace justo un año el TSJC obligara a tres escuelas a impartir “una asignatura troncal” más en castellano. Una sentencia que, según el Departament de Educació, demostraba “un desconocimiento total del funcionamiento de la escuela catalana”, ya que los nuevos currículos no funcionan por asignaturas.
El auto del TSJC señala que “está en juego el derecho a recibir educación en castellano, que entronca el derecho fundamental de los alumnos y alumnas”. Y aprecia en el decreto ahora cautelarmente suspendido “visos de lesión en los derechos fundamentales, más allá de cuestiones de legalidad ordinaria”, “en su vertiente del derecho a recibir enseñanza en lengua castellana, en tanto que el desarrollo reglamentario del Decret 91/2024 configura un sistema de educación gratuita único, donde solo se contempla el catalán, o en su caso el aranés, como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje, apoderando a los proyectos lingüísticos a que determinen la presencia del castellano en cada centro escolar, sin que se fije una garantía mínima del uso de dicha lengua vehicular más allá de la impartición de la asignatura de lengua y literatura castellana”.
Asamblea por Una Escuela Bilingüe
La organización Asamblea por Una Escuela Bilingüe, que persigue el incremento de la presencia de la lengua castellana en la escuela, recurrió el Decreto, que ha suspendido la sala de lo contencioso número 5 de Barcelona del TSJC, presidida por el juez José Luis Aguado Baños.
El decreto surgió tras las sentencias del TSJC del pasado verano que obligaban a dar más asignaturas en castellano a grupos concretos, y tras la constatación de que ha habido un retroceso en los usos lingüísticos del catalán durante los últimos años, tanto en el ámbito educativo como social en general.
Recurso de reposición
La consellera de Educació en funciones, Anna Simó, ha denunciado “desde la crítica más absoluta”, que el TSJC “escuche más a una asociación que al consenso social y político”. “Presentaremos un recurso de reposición a estas cautelares antes del 15 de julio, fecha máxima para presentarla”. “En el auto se hacen apreciaciones que van mucho más allá de las apreciaciones jurídicas esperables por parte de un juez y entran en otros ámbitos, extralimitándose de sus funciones”, ha señalado Simó, recordando que la mirada está puesta en el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente posicionarse sobre la legislación catalana del año 2022.
