El magistrado del Tribunal Superior de Madrid Francisco José Goyena ha aplazado hasta el próximo 27 de junio el interrogatorio previsto inicialmente para el próximo lunes de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid; María Pilar Rodríguez Fernández, y del fiscal de la Sección de Delitos Económicos, Julián Salto Torres, contra quienes se ha querellado la pareja de Isabel Díaz Ayuso –el empresario Alberto González Amador– y el Colegio de la Abogacía de Madrid por un delito de revelación de secretos.
Las citaciones iban a coincidir con la declaración del propio González Amador en un juzgado de Instrucción de Madrid precisamente en la causa por fraude fiscal en la que se produjo la supuesta filtración de datos atribuida a los representantes del Ministerio Público. Finalmente, tendrán lugar tres días más tarde debido a un problema de salud de carácter leve que ha sufrido el magistrado: Salto ha sido citado el jueves 27 de junio a las 11 horas y Pilar Rodríguez a las 12 según consta en la diligencia de ordenación dada a conocer este viernes.
El empresario acusa a ambos fiscales de haberle atacado “como instrumento para alcanzar” a su pareja sentimental, en clara referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid y el magistrado Goyena quiere escuchar su versión antes de decidir si el asunto termina salpicando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha asumido la responsabilidad sobre la nota de prensa en la que aparecían los supuestos datos confidenciales revelados. Si ve indicios suficientes elevará exposición razonada el Tribunal Supremo, que es el competente dado el aforamiento del fiscal general.
La citación de los fiscales tiene lugar después de la declaración como testigo que prestó la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, quien según fuentes jurídicas relató al instructor que el fiscal general le había enviado un mensaje de Whatsapp en el que le aseguraba que la nota de prensa con datos sobre el acuerdo que el empresario pretendía alcanzar para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda había sido consensuado con la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y con la decana de Delitos Económicos de Madrid, Virna Alonso Fernández.
Precisamente, el fiscal general del Estado presentó la semana pasada un escrito ante el TSJ madrileño en el que asumía la responsabilidad última de la publicación de la nota de prensa que, según su versión, “desmentía informaciones falsas” en relación con el pacto que la defensa de González Amador había presentado a la Fiscalía para evitar su juicio por fraude fiscal. Por esta razón, García Ortiz considera que las pesquisas no deberían seguir en poder del magistrado del Tribunal Superior madrileño.
