El plan de regeneración democrática del que dará cuenta el Pedro Sánchez al Congreso el próximo 17 de julio se troceará en dos paquetes de medidas. El primero se centrará en los medios de comunicación, principalmente para aplicar el reglamento europeo sobre la libertad en los medios de comunicación, y está previsto acelerarlo antes del verano con la reforma de la ley de publicidad institucional y las del derecho al honor y la rectificación. El segundo, según avanzan fuentes de Moncloa, se impulsará a la vuelta del verano y tendrá un carácter más heterogéneo. Incluirá varias medidas focalizadas a la “democratización” de la justicia, pero también otras como la derogación parcial de la denominada ley mordaza.
El Gobierno busca retomar la iniciativa tras el largo semestre electoral y abrir mesas de negociación con sus socios al margen de los Presupuestos, sin garantías por el momento a la espera del proceso de investidura en Cataluña. Aunque Sánchez anunció un “punto y parte” en la legislatura tras sus cinco días de reflexión con medidas de calado en el ámbito de la regeneración democrática, el primer paquete se limitará a una trasposición de un reglamento europeo. Así lo reconocen fuentes del Gobierno, aun sin descartar con ir más allá de los parámetros exigidos por Bruselas. La norma entró en vigor el pasado 7 de mayo y los países miembros deberán aplicar el grueso de su articulado a partir de 2025.
La financiación de los medios de comunicación y su “transparencia”, obligando a dar a conocer a sus propietarios y accionistas, son dos de los pilares que guiarán las reformas previstas. Los socios de coalición ya están intercambiando papeles, según fuentes tanto del PSOE como Sumar, y después de la comparecencia de Sánchez en el Congreso se abrirá formalmente una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para consensuar este plan.
El jefe del Ejecutivo anunció este lunes que entre los cambios sobre la mesa se prevé topar la financiación pública de los medios de comunicación. Según defendió durante una entrevista en la Cadena Ser, “no es aceptable” que se financie con recursos públicos “desinformación y bulos”, sobre todo cuando pesan más los ingresos por financiación pública que por audiencia. “Hay medios que no tienen lectores, solo dinero público”, denunció.
La reforma de la ley de publicidad institucional afectará a todas las administraciones y obligará a hacer públicos los recursos que destinan a los medios de comunicación. Una información que en estos momentos ni siquiera hace pública el propio Gobierno de forma sistematizada y ocultando el gasto de las empresas públicas en publicidad institucional.
“Dinero de la máquina del fango”
La norma comunitaria señala que debe hacerse público “el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países”. El propio jefe del Ejecutivo ha acusado en las últimas semanas a los gobiernos de coalición de PP y Vox de financiar a “pseudomedios” dedicados a “propagar bulos” y ha puesto el foco en el “dinero que hay detrás de la máquina del fango”.
El segundo paquete de regeneración democrática, que comenzará a abordarse a partir de septiembre, dependerá en buena medida de la presión de los socios, que piden ir más allá para modificar la ley reguladora del CNI, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno o la Ley de Secretos Oficiales. Según enumeraba este mismo martes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sin salirse del marco de medidas incluidas dentro del pacto de coalición, entre las prioridades se encuentran los cambios para democratizar el acceso a la judicatura y otras altas instancias del Estado, la rendición de cuentas de los jueces o todo lo relativo a las “libertades públicas”. Dentro de esto último incluyó expresamente la derogación de la ley mordaza.
Promoción de jueces y fiscales
En el acuerdo programático del Gobierno firmado por PSOE y Sumar para esta legislatura se concretaba en el impulso de “un nuevo modelo de acceso, formación, especialización y promoción de jueces y fiscales, desarrollando un sistema de becas públicas, ayudas y compensaciones para preparar el acceso al empleo público en la justicia, con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades”. Los socialistas llevaban en su programa electoral el compromiso para “facilitar el acceso democratizador a las profesiones jurídicas, lo que hace que nuestra Justicia sea más parecida a la sociedad diversa y plural de nuestro país”.
La denominada ley mordaza, con una fuerte oposición de todos los sindicatos policiales, es otra de las reformas incluidas en el programa de coalición y pendientes de desarrollar. En la pasada legislatura decayó por la falta de acuerdo con ERC y EH Bildu, que tildaron los cambios de insuficientes por no prohibir el uso de pelotas de goma a los antidisturbios o las devoluciones en caliente. El acuerdo de Gobierno vuelve a obviar estas exigencias para centrarse en derogar “aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión” y la inclusión de “un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados”.
